Ciudad de México a 5 de diciembre de 2025
Bol 222/25
PROPONE COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL MÁS RECURSOS PARA LA PAOT, AGATAN, SEDESA Y FONDO AMBIENTAL PÚBLICO PARA 2026
• “Se ayudaría al seguimiento de denuncias, la vigilancia veterinaria, la inspección ambiental, las campañas de salud animal y la rehabilitación de fauna urbana”: Dip. Manuel Talayero
La Comisión de Bienestar Animal del poder legislativo local, que preside el diputado Manuel Talayero Pariente, celebró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 presente incrementos relevantes para la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, y las 16 Alcaldías, todas ellas con áreas que inciden de manera directa en la protección y el bienestar animal.
Sin embargo, el animalista Talayero Pariente destacó que si bien estos incrementos resultan positivos, se considera indispensable que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda valoren alternativas financieras que permitan fortalecer el presupuesto de instituciones estratégicas como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Agencia de Atención Animal (AGATAN), la Secretaría de Salud y el Fondo Ambiental Público, las cuales presentan reducciones reales frente al contexto inflacionario proyectado para 2026.
En ese sentido, el diputado ambientalista aseguró que el fortalecimiento presupuestal de dichas instituciones se traduciría en mejoras “en áreas críticas como el seguimiento de denuncias, la vigilancia veterinaria, la inspección ambiental, las campañas de salud animal y la rehabilitación de fauna urbana, por mencionar algunas”.
Finalmente, el legislador ecologista, Manuel Talayero destacó que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce expresamente a los animales como seres sintientes, lo que dijo: “impone a las autoridades la responsabilidad jurídica y ética de garantizar su protección, bienestar, trato digno y tutela responsable. Este mandato constitucional no solo establece principios rectores, sino que obliga a las instituciones públicas a contar con recursos suficientes para implementar políticas y acciones efectivas que materialicen dicha protección en el territorio de la ciudad”.
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