Impuesto verde en la CDMX, un paso más hacia la sostenibilidad
Por: Jesús Sesma Suárez, Secretario General del Partido Verde de la CDMX
Actualmente, el cambio climático representa una de las mayores amenazas a la calidad de vida. Sus efectos, entre ellos el aumento de las temperaturas y la mala calidad del aire, impactan directamente en la salud y el bienestar de las personas. Las ciudades, al ser centros de alta actividad industrial y vehicular, son grandes emisoras de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes que agravan el problema.
La Ciudad de México no está exenta. Aquí, mitigar la contaminación atmosférica es un gran desafío ante el cual, el martes pasado, entró en vigor el Impuesto Verde, una medida que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar prácticas más sostenibles.
El Impuesto Verde se aplicará a fuentes fijas generadoras de emisiones de dióxido de carbono (CO2), tales como fábricas y plantas industriales, entre otros establecimientos. Las empresas que superen ciertos límites de emisiones deberán pagar una cuota de 58 pesos por cada tonelada de CO2 equivalente emitida.
Y es que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la capital del país registra niveles de partículas contaminantes que superan los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mismas que tienen consecuencias directas en la salud de las personas, aumentando el riesgo a contraer enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
De modo que, además de representar un asunto importante en materia climática, implementar un mecanismo para mitigar la contaminación del aire en la capital del país era tan necesario en cuestión de salud pública, como fundamental en lo relativo a calidad de vida.
Ya la experiencia probada en otros países y otras entidades ha demostrado que los impuestos ecológicos que parten del principio “quien contamina, paga”, establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pueden ser una herramienta efectiva cuando se diseñan e implementan correctamente.
Por ejemplo, al aumentar el costo de contaminar, las empresas son motivadas a invertir en procesos más eficientes y menos contaminantes, así como a transitar hacia fuentes de energía renovables. Por otra parte, la recaudación de fondos permite mayores ingresos para iniciativos ambientales e infraestructura verde, y se motiva tanto la conciencia ecológica como la adopción de prácticas sostenibles.
Ejemplos internacionales refuerzan la efectividad de este tipo de medidas: Suecia, que implementó un impuesto al carbono en 1991; Reino Unido, que lo instauró en 2013, y Chile, en 2017, han logrado reducir significativamente sus emisiones y canalizar más ingresos para iniciativas ambientales.
Sin embargo, como en toda política pública, la clave de su éxito radica en una correcta implementación y en la transparencia en el uso de los recursos recaudados.
Aunque el objetivo del Impuesto Verde es promover cambios en las prácticas empresariales mediante la eficiencia energética y la adopción de esquemas sustentables, es crucial garantizar su supervisión para evitar que las empresas encuentren formas de evadir la obligación. Del mismo modo, la fiscalización de los fondos derivados de este impuesto es tan importante como el propio esquema, pues sin mecanismos de control efectivos, la medida puede perder su propósito.
Sin duda, el Impuesto Verde representa un paso en la dirección correcta para transformar la Ciudad de México en una urbe más sostenible. No obstante, hacer de él una solución efectiva ante la crisis ambiental dependerá de cómo se implemente y de la voluntad política para garantizar su éxito.
