El costo social y económico de la violencia en las protestas
Mtro. Jesús Sesma Suárez
El derecho a alzar la voz, ocupar la calle y exigir rendición de cuentas merece respeto y garantías. En la Ciudad de México, esa libertad ha impulsado causas justas, pero también es preciso asumir que, cuando la manifestación ha derivado en vandalismo, ya sea por parte de sus integrantes o agentes externos, los costos sociales y económicos que ha dejado son altos. De acuerdo con declaraciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), los actos vandálicos asociados a marchas y manifestaciones en la capital le cuestan al comercio mil 439 millones de pesos anuales por pérdidas y costos de protección, sobre todo a las empresas ubicadas en los principales corredores de manifestaciones, que van del Ángel de la Independencia al Zócalo.
Si bien no todas las movilizaciones son violentas y la inmensa mayoría de quienes marchan lo hace con convicción pacífica, existen, en ocasiones, expresiones que rebasan el límite de la protesta legítima, tales como destrozos a patrimonio histórico; ruptura de cristales; saqueos; incendios de botes de basura y de mobiliario urbano; agresiones a trabajadores de tiendas o a guardias que sólo cumplen su turno; hostigamiento a periodistas y provocaciones entre grupos con ideologías encontradas, entre otros, que, cabe mencionar, no siempre son realizados por quienes forman parte del contingente. Pero también existe un tipo de violencia menos visible, ésa que paraliza accesos durante horas, corta rutas de reparto y obliga a cerrar cortinas sin planearlo, con pérdidas que terminan pagando quienes menos margen tienen para absorberlas.
an sólo en el primer semestre de 2025 las movilizaciones dejaron más de 350 millones de pesos en ventas no realizadas y cerca de 20 millones en daños, según la Canaco. En fechas de alto riesgo, como el 2 de octubre, 3 mil 442 unidades cerraron antes y las pérdidas por ventas superaron 16.7 millones, y los daños, 4.35 millones. Esa merma pega a los pequeños negocios y se traduce en nóminas, inventarios y rentas que no se cubren.
La seguridad física también lo resiente y algunos que se unieron a la marcha impulsada por jóvenes de la Generación Z nos lo recordaron dolorosamente: hubo agresiones que dejaron más de cien policías lesionados y, al menos, veinte civiles heridos. En ese sentido, vale reconocer las acciones valientes y transparentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que reconoció el posible uso excesivo de algunos elementos de la fuerza pública durante la marcha y determinó suspenderlos hasta concluir las investigaciones.
Las causas que se defienden en la calle necesitan mayorías sociales para prosperar, pero cada ventana rota y cada negocio saqueado aleja a potenciales aliados, alimenta la narrativa del miedo y abre la puerta a medidas que empobrecen el espacio cívico. A la vez, cada exceso policial es un atentado contra la legitimidad de las instituciones y lastima la seguridad ciudadana.
Siempre estaré a favor del respeto a la ley, del derecho a la libertad de expresión y de la libre manifestación, pero nunca de acuerdo con las agresiones y los actos vandálicos durante las movilizaciones sociales que algunos cometen alejándose de la causa de los movimientos, porque, en vez de unirnos, nos separan como mexicanos.
Coincido con el llamado de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a llevar la manifestación por la vía pacífica, nunca alentando la agresión. Somos un pueblo unido y así lo hemos demostrado ante crisis y emergencias, en tal sentido, la diferencia de opiniones no debe separarnos. Podemos no coincidir y, aun así, convertir el desacuerdo en oportunidad para caminar juntos hacia una mejor CDMX, un mejor país y un mejor lugar para vivir.
